El STF ajusta la responsabilidad de las grandes tecnológicas; ya no caben recursos contra la decisión de los ministros

El STF decide que las grandes tecnológicas están obligadas a tener sede en Brasil El Supremo Tribunal Federal (STF) definió este miércoles (17) ajustes en la decisión que amplió la responsabilidad de las plataformas por el contenido que publican. Por unanimidad, el Supremo también decidió declarar la firmeza (tránsito en julgado) de las acciones, por lo que ya no hay posibilidades de cuestionar el criterio establecido. Se fijó un plazo de 60 días para la implementación de las obligaciones impuestas a los proveedores.

Esto se aplica a la adopción de acciones del llamado deber de cuidado, que incluye medidas para reducir los riesgos de ofensas a los derechos fundamentales y combatir actos ilícitos, autorregulación y la disposición de canales de atención específicos para solicitudes de retirada de contenidos. Una de las novedades introducidas por el Supremo establece que el Ejecutivo también podrá regular la materia. En la práctica, la medida fue interpretada como una señal de la Corte ante los dos decretos que establecen nuevas reglas para la actuación de las redes sociales y que se basaron en la decisión del Supremo. El primero detalló los deberes de los proveedores en cuanto a la moderación de contenidos, transparencia, seguridad de los servicios y mitigación de la circulación masiva de contenidos criminales. El otro establece directrices para hacer frente a la violencia contra las mujeres en el ámbito digital, con la obligación de retirar el contenido íntimo no autorizado en un plazo de dos horas tras la notificación y medidas contra los deepfakes íntimos generados por IA. También se determinó que corresponde a la Agencia Nacional de Protección de Datos, vinculada al Ministerio de Justicia, fiscalizar si las plataformas están cumpliendo con las normas impuestas por la Corte. El criterio del STF se produce en medio de los movimientos de la oposición en el Congreso para suspender los decretos del gobierno. Los ministros juzgaron los recursos de las plataformas que cuestionaron el criterio de la Corte que amplía la responsabilidad sobre el contenido que publican.

Entre los recursos se encuentran los cuestionamientos presentados por Facebook y Google. Los ministros fijaron un plazo de 60 días para que los proveedores adopten las nuevas reglas y también aclaren las obligaciones que tendrán que cumplir. La llamada tesis reúne las normas que deberán ser seguidas por toda la justicia en territorio brasileño. Los proveedores podrán tener responsabilidad solidaria cuando no actúen ante cuentas denunciadas como no auténticas. Sesión plenaria del STF Rosinei Coutinho/STF Las empresas podrán quedar exentas de responsabilidad por el contenido de los usuarios si se comprueba una duda razonable sobre casos de delitos o actos ilícitos, sin perjuicio del deber de retirada del contenido.

Se decidió que existe una presunción relativa de culpa del proveedor de aplicaciones de internet en caso de contenidos ilícitos cuando se trate de anuncios y publicaciones patrocinadas (impulsionamentos), o de mecanismos artificiales de diseminación inorgánica de contenidos ilícitos. En estos casos, la atribución de responsabilidad no depende de notificación.

Los proveedores quedarán excluidos de responsabilidad si demuestran que actuaron con diligencia y en un tiempo razonable para retirar el contenido. El Supremo definió además que la responsabilidad de los proveedores por el llamado deber de cuidado se produce cuando se configura un fallo sistémico, al dejar de actuar de forma responsable, transparente y cautelosa. El Supremo Tribunal Federal concluyó el juicio sobre el Marco Civil de Internet Jornal Nacional/ Reproducción El responsable de la publicación del contenido retirado por el proveedor de aplicaciones de internet podrá solicitar judicialmente su restablecimiento mediante la demostración de la ausencia de ilicitud. Aunque el contenido sea restaurado por orden judicial, no se impondrá indemnización alguna al proveedor. Los proveedores de aplicaciones de internet deberán redactar una autorregulación que incluya necesariamente un sistema de notificaciones, el debido proceso y informes anuales de transparencia en relación con notificaciones extrajudiciales, anuncios y publicaciones patrocinadas.

Asimismo, deberán poner a disposición de los usuarios y no usuarios canales de atención específicos, preferiblemente electrónicos, que sean accesibles y se difundan ampliamente en sus respectivas plataformas de manera permanente. Las reglas deberán ser publicadas y revisadas periódicamente de forma transparente y accesible al público. Los proveedores de aplicaciones de internet que operen en Brasil deben constituir y mantener una sede y un representante en el país, cuya identificación y datos de contacto deberán estar disponibles y ser fácilmente accesibles en sus respectivos sitios web.