Justiça suspende licitação do transporte coletivo de Curitiba
El Tribunal de Justicia de Paraná (TJPR) suspendió, en la noche del jueves (25), la licitación del transporte público de Curitiba, cuyo anuncio de la publicación del pliego de condiciones se había producido horas antes por parte del ayuntamiento de la capital paranaense. La decisión admite recurso.
La medida cautelar fue dictada por el magistrado Leonel Cunha, tras una petición de las empresas que poseen el actual contrato para la prestación del servicio desde 2010. El contrato tenía inicialmente una vigencia de 15 años, pero fue prorrogado por 24 meses.
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Ante la proximidad de la finalización de los contratos de concesión, el Ayuntamiento de Curitiba inició conversaciones con las empresas concesionarias para verificar si existe algún desequilibrio pendiente en el contrato y analizar cuál es la mejor forma de continuar el servicio: si renovarlo o sacarlo a licitación de nuevo.
Se creó un grupo de trabajo y se contrató a una fundación para respaldar los estudios, elaborando informes y dictámenes técnicos orientados a la evaluación económico-financiera, operativa y jurídica del sistema.
Sin embargo, según las empresas, aun sin concluir los estudios, el Ayuntamiento de Curitiba y la empresa Urbanização de Curitiba (Urbs) "interrumpieron unilateralmente los trabajos" e iniciaron el nuevo proceso de licitación.
La Justicia entendió que, a pesar de la existencia del grupo de trabajo y de la contratación de la fundación, el Ayuntamiento de Curitiba no está obligado a prorrogar o renegociar los contratos vigentes. No obstante, consideró que no sería adecuado interrumpir los estudios ya iniciados.
De este modo, el magistrado determinó un plazo de 180 días —seis meses— para que se reanuden los estudios técnicos y se adopten las gestiones administrativas necesarias para el cierre formal de las negociaciones.
"Durante dicho plazo, o hasta la conclusión de los estudios, los demandados [Municipio de Curitiba y Urbs] deberán abstenerse de publicar el pliego de concurso público para una nueva concesión del servicio de transporte público de Curitiba. En caso de que el pliego ya haya sido publicado, quedan suspendidos, por el mismo plazo, los actos tendentes a la continuación del proceso", reza la medida cautelar.
Justiça suspende licitação do transporte coletivo de Curitiba após pedido das empresas de ônibus
Prefeitura de Curitiba
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¿Qué dice el Ayuntamiento de Curitiba?
En un comunicado, el Ayuntamiento de Curitiba y Urbs informaron que "respetan la decisión judicial, pero recurrirán la medida cautelar por entender que el proceso de la nueva concesión del transporte público se elaboró con una amplia participación popular, el apoyo técnico del BNDES, el seguimiento del Tribunal de Cuentas del Estado y estudios realizados a lo largo de los últimos años".
"La nueva concesión es importante para mejorar la vida de quienes dependen del autobús todos los días. El proyecto prevé una flota renovada, más autobuses eléctricos, aire acondicionado en los vehículos, integración temporal, mayor comodidad para los pasajeros, un mejor control de la calidad del servicio y una red más eficiente para la población. El objetivo del Ayuntamiento es garantizar un transporte público más moderno, cómodo y fiable para quienes usan el sistema a diario", señala el texto.
¿Qué dicen las empresas concesionarias?
Los consorcios que operan el transporte público de Curitiba cuestionan el motivo por el cual el ayuntamiento abandona un análisis ya contratado, parcialmente financiado con fondos públicos y creado precisamente para indicar la alternativa mejor y más eficiente para Curitiba.
"Al no posibilitar la conclusión de dicho trabajo, URBS y el Municipio incurren en un comportamiento contradictorio y vulneran los principios de la buena fe objetiva, la protección de la confianza, la seguridad jurídica y la coherencia de la actuación administrativa, tal como reconoció la decisión dictada por el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná".
"Con la continuidad de la licitación y la no conclusión de los estudios contratados, se corre el riesgo de malgastar recursos públicos y prescindir de información técnica fundamental para una decisión que tendrá un impacto directo sobre los pasajeros, los trabajadores, los contribuyentes y el propio sistema de transporte público. Incluso, la propia 1ª Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo de Curitiba ya advirtió, en un dictamen emitido en los autos, que esta conducta podría, en teoría, suscitar debates incluso sobre una posible caracterización de acto de enriquecimiento ilícito o irregularidad administrativa ('improbidade administrativa') por parte del poder público", concluye la nota.
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