El gobierno brasileño formalizó, este lunes (27), una solicitud de consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para cuestionar los aranceles aplicados por Estados Unidos. La medida busca impugnar la legalidad de las sobretasas que impactan directamente el comercio entre ambos países, bajo el argumento de que los aranceles son incompatibles con las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994).
La disputa involucra dos frentes arancelarios distintos basados en la legislación comercial norteamericana. El primero impone un adicional del 25% sobre productos brasileños tras una investigación que abordó temas como el comercio digital, la propiedad intelectual, el combate a la deforestación y el acceso al mercado de etanol. La segunda medida establece un arancel del 12,5% tras un análisis conjunto con otras 60 economías sobre restricciones de importación vinculadas al uso de trabajo forzado.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), el impacto financiero es significativo. La sobretasa acumulada del 37,5% afecta a cerca de 6.600 millones de dólares en mercancías exportadas al mercado estadounidense, lo que representa el 16,5% del total de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos.
Entre los sectores y productos más afectados por la decisión de EE. UU. se encuentran el segmento de maquinaria y equipos, confecciones, muebles, calzado, además de diferentes tipos de madera, grasas y aceites. El alcance de la medida compromete una vasta gama de artículos de la agenda exportadora nacional.
La solicitud de consultas presentada por la Cancillería (Itamaraty) marca la etapa inicial del sistema de solución de controversias de la OMC. El objetivo de este procedimiento es permitir que los países involucrados intenten una solución negociada para el conflicto antes de que el caso sea derivado a la formación de un panel de análisis técnico.
La iniciativa brasileña busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones multilaterales de comercio y garantizar que las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos no violen los principios establecidos en las reglas internacionales de comercio.
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