El gobierno federal decidió no restablecer el subsidio de R$ 0,35 por litro aplicado al diésel, beneficio que había sido interrumpido a principios de julio. La decisión fue anunciada por el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, durante la presentación del Informe Bimestral de Evaluación de Ingresos y Gastos este viernes.
Según el ministro, aunque el precio del barril de petróleo se está acercando a la marca de los 100 dólares, el impacto de la cotización internacional en los precios finales al consumidor aún no es suficiente para exigir la vuelta de la subvención adicional. Moretti destacó que la estrategia actual se centra en la suavización de precios y que el gobierno optó por mantener el subsidio de R$ 1,12 ya vigente para evitar traslados inmediatos.
A pesar del descarte de la ayuda extra para el diésel, el gobierno confirmó la continuidad de otras medidas de apoyo a los combustibles. Entre ellas, se prorrogó por un mes más el subsidio de R$ 0,44 por litro para la gasolina, medida que genera un costo mensual estimado en R$ 1,3 mil millones a las arcas públicas.
El escenario fiscal para el sector de combustibles es de alto impacto. El subsidio actual del diésel cuesta cerca de R$ 5,5 mil millones mensuales a la Unión. Hasta junio, el monto total desembolsado por el gobierno para mitigar el alza de los combustibles llegó a R$ 14,55 mil millones, utilizando recursos de créditos extraordinarios.
Para equilibrar las cuentas, el gobierno ha utilizado la recaudación proveniente del impuesto de exportación del 12% sobre el petróleo crudo. Como Brasil es un exportador neto, este tributo busca garantizar que la producción nacional priorice el abastecimiento interno, generando un ingreso que aún no ha sido totalmente integrado a las proyecciones del Presupuesto.
Sobre el cumplimiento de las metas fiscales, el ministro advirtió que el aumento de los gastos con combustibles será evaluado en la próxima revisión de las cuentas públicas. Actualmente, el gobierno mantiene un bloqueo de R$ 17,9 mil millones en gastos para asegurar el cumplimiento del marco fiscal y la meta de superávit primario prevista para este año.
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